A fin de fortalecer la institución del Ministerio Público y transitar de una Procuraduría General de Justicia del Estado con autonomía técnica a una Fiscalía General con naturaleza de órgano autónomo, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó reformas constitucionales.
En el documento elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se precisa que será el Consejo Estatal de Seguridad Pública (consejo ciudadano) quien se encargue de recibir las propuestas de organizaciones o grupos ciudadanos para elegir a las cinco personas que consideren cuentan con el perfil necesario para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, este deberá de enviar la lista al Poder Ejecutivo, quien a su vez analizará la documentación que se les entregue para posteriormente enviar una terna a la consideración del Congreso del Estado, para concluir con el proceso y designar mediante votación de los diputados a quien será el Fiscal General de la entidad.
El Fiscal durará un periodo de siete años sin derecho a reelección, y en caso de que el Ejecutivo estatal quiera remover al fiscal, deberá de hacer la propuesta al Legislativo y esto se podrá lograr únicamente con el respaldo de dos terceras partes del Pleno.
Deberá de presentar de manera anual a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, un informe de actividades y comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
Durante el ejercicio de su cargo, no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre y/o remunerado de su profesión, salvo las actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia.
Precisa que algunos de los requisitos para ser Fiscal General, como el ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de su designación, contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
Asimismo, se señala que “el Ministerio Público, como representante de la sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado, misma que será un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica de patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de constitucionalidad debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad humana”.
Cabe destacar, que en el dictamen aprobado se incluyeron propuestas ciudadanas y de diversas organizaciones, con el objeto de realizar un documento equilibrado e incluyente, pero sobre todo con apego a la ley.