Juzgar y encarcelar a los ex gobernadores acusados de desfalco a las arcas públicas, corrupción y otros delitos, puede aminorar el daño al debilitado Estado de Derecho mexicano, aunque no la imagen del Presidente y del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
El encarcelamiento del Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), es un avance y envía a la opinión pública el mensaje de que el Gobierno podría actuar con mano dura contra los ex mandatarios. Además de Padrés, los casos de desfalco a las finanzas públicas de los ex mandatarios del PRI no han dejado de surgir. No sólo se trata de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, actualmente prófugo; sino de César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; José Herrera Caldera, de Durango, quien hace unos día se amparó ante una posible orden de aprehensión, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.
Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex), dijo en entrevista que el encarcelar a los ex gobernadores puede contrarrestar el proceso de desgaste del Estado de Derecho, pero es imposible revertir el daño en lo que resta del sexenio.
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