niciativa de la Ley de Obra Pública para Sinaloa y heredarla a la próxima Legislatura, por considerar que una parte de los actuales diputados ni siquiera la conoce, y otros insisten en votarla para dar entrada a la corrupción.
La semana pasada el Congreso desechó las aportaciones de los constructores del estado y sugirió avanzar en su propia iniciativa, una ley considerada por la CMIC “a modo”, que faculta al Estado a designar obra a favoritos, prestanombres y empresas “patito”.
Incluso, la CMIC le llama Ley “Pro corrupción” y así lo expuso el martes pasado en el Congreso estatal, donde tres cámaras de Sinaloa reiteraron el rechazo a esta iniciativa.
“Les exigimos que no se le diera la primera lectura, quedaron en que nos darán una cita para retomar los puntos en los que no estamos de acuerdo”, expresó Galván Pelayo.
“Nos decían que lo estamos politizando, pero tenemos más de dos años trabajando en esa Ley. Y si no quieren politizarla, que la ‘congelen’ y la dejen para la siguiente legislatura. Ellos (diputados) dicen que nuestra posición es política, y no, es una defensa de los constructores”.
Muchos legisladores, dijo, son suplentes y no conocen lo que van a votar, otra parte se resiste a las observaciones.
La inconformidad de la CMIC se concentra en que la iniciativa tiene excepciones que, de aprobarla, facultará al Estado a designar obra, y a la creación de empresas exprés, sólo para ganar proyectos.