Sheinbaum acusa privilegios en concesiones de agua y denuncia ganancias millonarias de productores

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió este martes contra grandes productores agrícolas que, aseguró, obtienen hasta 300 millones de pesos anuales por vender agua concesionada a municipios, pese a que el líquido fue otorgado exclusivamente para riego.

“Hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por su uso porque es para la producción de alimentos. Pero resulta que no la usan y la venden a los municipios… los ves en sus camionetotas porque ganan al año 300 millones de pesos. Eso no puede ser”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum adelantó que su gobierno dará a conocer las concesiones entregadas durante el sexenio de Felipe Calderón y quiénes encabezaban la Conagua en los estados donde hoy se registran protestas contra la nueva Ley General de Aguas. Señaló que algunos actores buscan “generar la idea de caos”, pero sostuvo que la información demostrará lo contrario.

La mandataria defendió que el objetivo central de la legislación es evitar el acaparamiento del agua y detener prácticas que permitían transferir concesiones o vender líquido a terceros —como desarrolladores inmobiliarios— sin control alguno.

“Estamos poniendo orden y garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo? No, lo ordena”, dijo.

Sheinbaum reconoció que la iniciativa puede tener errores, pero pidió que estos se corrijan en la mesa de trabajo legislativa. Reiteró que su administración busca terminar con “los privilegios heredados por décadas” y apoyar a agricultores medianos y distritos de riego con recursos para tecnificar y hacer más eficiente el consumo.

La Presidenta rechazó versiones de que la ley impediría heredar pozos a hijos de ejidatarios y calificó como “ridículo” el argumento del diputado priista Rubén Moreira sobre la presunta prohibición de explotar pozos.

“Cada quien encabeza la lucha que quiere. Nosotros encabezamos una: que el agua es un derecho humano y un recurso de la nación que debe ordenarse para que todas y todos tengan acceso”, sostuvo.