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CIUDAD DE MÉXICO.- Con el anuncio de medidas de autoridad u la revisión de las pensiones de los ministros en retiro para que se ajusten a la ley, Hugo Aguilar Ortiz describió su Plan de Austeridad cuando rindió protesta como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue la noche del 1 de septiembre cuando inició la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, con ministros electos, por primera vez, el 1 de junio pasado.
Aguilar Ortiz rindió protesta en el Senado de la República, sitio en el que se dieron cita la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Poder Legislativo, los nuevos integrantes del Poder Judicial, así como los gobernadores de todos los estados del País.
“Hoy se reinicia nuestro sistema judicial: la justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta».
En qué consiste Plan de Austeridad de Hugo Aguilar Ortiz
Aseguró que el Plan de Austeridad que presenta fue un consenso de los 9 integrantes del pleno y busca eliminar privilegios en la SCJN y reasignar recursos al funcionamiento de los tribunales.
Para empezar el ahorro, dijo, todos los juzgadores electos ganarán menos que la Presidenta de la República, con ello se erogarán 300 millones menos y, con el ajuste a las percepciones de funcionarios judiciales que rebasan ese tope se prevé alcanzar un ahorro cercano a 800 millones de pesos adicionales.
También ordenó revisar las pensiones de los ministros en retiro, actualmente de hasta 385 mil pesos mensuales, y eliminar seguros médicos privados, jubilaciones anticipadas y otros gastos superfluos, sustituyéndolos por los servicios del ISSSTE.
Subrayó que la austeridad no implicará precariedad, sino la erradicación del dispendio y del nepotismo, destinando cada peso a fortalecer juzgados, reducir rezagos, modernizar procesos y digitalizar la justicia.
Destacó que la nueva Corte, electa por voto ciudadano y con mayoría de mujeres, busca convertirse en un tribunal “cercano, accesible y sin privilegios”, abierto al escrutinio público, a los pueblos indígenas, a grupos vulnerables y a la sociedad civil.
La Corte, recalcó, asumirá el compromiso de recuperar la confianza ciudadana, erradicar la corrupción y asegurar que “nadie quede fuera ni sin justicia”.