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Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado aprobó este martes reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de Sinaloa en materia del Poder Judicial para armonizarla con la correspondiente reforma federal, en las que se contempla la elección de jueces y magistrados, y que atiende los principios democráticos, de inclusión, pluralidad, competencias técnicas, funcionales y otros.
La aprobación se dio con 32 votos a favor (Morena, PVEM, PAS y la diputada del PT, Moncerrat López), 7 en contra (PRI, PAN y MC); el diputado Ambrocio Chávez Chávez no votó.
Con estos cambios —dijeron— se atiende el mandato del Poder Reformador federal y, por otro, se nutre con el componente democrático al Poder Judicial local, permitiendo vigorizar la función jurisdiccional y se blinda a las instancias de impartición de justicia de fenómenos como la corrupción, el nepotismo y los privilegios.
Para garantizar el escalonamiento en el Tribunal de Disciplina Judicial en la elección de 2027, se establece por única ocasión se elija una Magistratura por tres años, otra Magistratura por seis años y otra por nueve años.
Además, se asegura la adecuada profesionalización, capacitación, formación y desempeño del Poder Judicial local, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los tribunales y la prestación de servicios en favor de la ciudadanía.
Todas las Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como todos los jueces de primera instancia serán electos directamente por los sinaloenses, lo que fortalece la participación ciudadana, al garantizarse que la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales locales se haga mediante voto popular.
El procedimiento prevé que el Congreso del Estado publique una convocatoria con el listado de todas las candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del Primer Período Ordinario del año anterior al de la elección que corresponda.
Los Poderes del Estado postularán un número de candidaturas que se conformará mediante mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos constitucionalmente.
En cada Poder se integrará un Comité de Evaluación compuesto por cinco personas de reconocimiento en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las y los aspirantes y evaluará el cumplimiento de los requisitos ya indicados. Ese Comité será el encargado de definir el listado de candidaturas para los cargos en elección y los remitirá al Congreso del Estado a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda.
El órgano responsable de efectuar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría, asignando los cargos entre mujeres y hombres será el Instituto Electoral del Estado y las impugnaciones serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado, antes de que se instale el Primer Período de Sesiones del año de la elección que corresponda.
Se propone que la renovación de la totalidad de los cargos de elección en el Poder Judicial del Estado se realice en la elección estatal ordinaria del año 2027, lo que permitirá a los Poderes del Estado aprender de la experiencia tanto federal como de las entidades federativas que hayan optado por renovarse en 2025.
Todas las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas en la Constitución local no generarán impacto presupuestal para alguna dependencia de la administración pública; sin embargo, al materializarse el proceso de elección existirá un impacto presupuestal que deberá ser calculado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas corresponden a 11 iniciativas presentadas por distinto actores políticos y partidistas, entre las que resalta una que fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
DISCUSIÓN SOBRE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL:
El primero en subir a Tribuna para hablar en contra fue el diputado del PAN Jorge González Flores, al señalar que el Poder Judicial necesita un cambio, pero no uno promovido por Morena, que su verdadero objetivo es debilitarlo y someterlo al control del titular del Ejecutivo. Denunció que los requisitos establecidos para los aspirantes son insuficientes, lo que permitirá que personas sin la debida preparación accedan a estos cargos.
El diputado criticó la creación del Comité de Evaluación, integrado por cinco personas designadas por cada uno de los poderes del estado, quienes tendrán la facultad de depurar a los candidatos a través de un mecanismo que calificó como ‘una tómbola’.
“Los requisitos son una burla: solo tres años de práctica jurídica. Y lo más preocupante es que será el propio gobierno, a través del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, quien seleccione a los candidatos. En otras palabras, los ciudadanos solo votarán por los perfiles que Morena decida”, manifestó Jorge González.
En el mismo, sentido, la legisladora del PRI, Paola Garate Valenzuela, dijo que la democratización es una farsa, puesto que será Morena el que decida a los candidatos para jueces y ministros en Sinaloa.
“El Gobierno Estatal quiere jueces y magistrados sumisos, no imparciales. Busca que el acceso a la justicia dependa de la conveniencia política y no del conocimiento de la ley. Quiere jueces electos no por su capacidad, sino por su lealtad”.
Al aprobarse esta reforma, los sinaloenses perderán su derecho a una justicia imparcial, quedando indefensos ante jueces que responderán a quienes los pusieron en el cargo, criticó la integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Por otro lado, el coordinador del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, recordó que su partido había presentado previamente una iniciativa que contemplaba ya la elección de magistrados a través del voto popular, y que también haya una magistratura indígena.
Aseguró que el PAS siempre ha defendido la necesidad de acercar la justicia a la sociedad, y que se promueva una transformación real a favor de la sociedad.
De igual manera respaldó que en la reforma se establezca que las elecciones de magistrados y jueces, se lleve a cabo en el proceso electoral local del 2027, junto con las elecciones para renovar el Congreso del Estado y las 20 presidencias municipales, ya que con ello se evitarán costos innecesarios.
La líder de la facción de Morena, María Teresa Guerra Ochoa defendió que anteriormente los magistrados eran propuestos por el titular del Ejecutivo y elegidos en votación de las dos terceras partes del Legislativo, y ahora con las reformas aprobadas, serán electas a través del voto popular.
Aseguró que se agregan más requisitos a quienes aspiren a magistraturas y a ser titulares de juzgados, lo que implica que se apuesta a la profesionalización del Poder Judicial.
“Hace falta sacudir inercias en el Poder Judicial, hace falta mejorar la impartición de justicia y garantizar que las mujeres que llegan a juicios por alimentos y trabajadores que exigen pensiones y salarios, encuentren apertura y respuesta, y si no la encuentran, quien tomará la decisión de no respaldarlos es la propia población, y esa es la gran diferencia”, expresó Guerra Ochoa.
La presidenta de la Jucopo dijo que hay que tener confianza en que la sociedad ya tiene una mayoría de edad y capacidad para poder elegir a sus juzgadores, lo que equivale a un control de los ciudadanos.