Con 36 votos a favor diputadas y diputados aprobaron reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Sinaloa para meter a la cárcel a funcionarios que incurran en desvío de recursos, desempeño irregular del servicio público y otras figuras, además de que se les confiscarán los bienes derivados de los actos de corrupción.
El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión de Fiscalización, e integrante de Morena, expuso que ya se habían establecido candados para evitar actos de corrupción y además se dieron herramientas a la Auditoría Superior del Estado para actuar con más rigor en estos casos.
Sin embargo, expuso que a pesar de ello se tuvo el caso de la UAS, cuyo ex rector Jesús Madueña cometió un acto de desacato por no querer cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas, y lo que se vio fue que el desacato era sólo una falta administrativa y no un delito penal y por tanto no se podía castigar con cárcel.
“Ahora si vamos a ver qué funcionario se niegan a la transparencia porque el Código Penal del Estado ya contempla penas de cárcel para todos los servidores públicos que incurran en corrupción”.
El legislador local indicó que con esta reforma se establece el decomiso de instrumentos, objetos y todo producto derivado del delito de corrupción, incluyendo los derivados de enriquecimiento ilícito y se podrá investigar a todos los funcionarios cuyo patrimonio no corresponda con los ingresos que tienen.
La diputada Juana Minerva Vázquez González, también de Morena, explicó que las reformas y adiciones al Código Penal local son una armonización del marco jurídico en materia penal para establecer uniformidad con la Ley Anticorrupción aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
Por su parte la legisladora del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, Elizabeth Chía Galaviz, afirmó que es un paso importante para abatir los malos manejos que se han institucionalizado en el actual gobierno.
Señaló que la bancada del PAS, los ex Jesús Angélica Díaz Quiñonez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, hicieron llegar al Congreso 3 propuestas de iniciativa sobre este importante tema.
Las propuestas del PAS contemplaban que la reforma realizada permitiera tipificar el delito de omisión delictiva de servidores públicos encargados de realizar labores de seguridad pública, que estando presentes omitan ejecutar las atribuciones que la ley le imponga, al momento que se realice un hecho que la ley señale como delito, al responsable se le impondrán de 2 a 6 años de prisión.
También proponemos sancionar a los Servidores Públicos que ordenen o permitan aplicar, apliquen así mismos o por interpósita persona, o a terceros ajenos, vacunas de enfermedades contagiosas en instituciones de salud pública, a sabiendas de que existe un derecho preferente de sectores de personas; o teniendo el derecho a recibirlas o a aplicarlas, lo hagan sin contemplar las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias.
“Otra propuesta del PAS es sancionar a los servidores públicos que revelen o difundan imágenes o archivos de investigaciones y a quienes difundan, faciliten o permitan la difusión, transmisión, publicación, exposición, distribución, reproducción, comercialización, oferta o intercambio de imágenes, audios, videos o documentos que vulneren la dignidad de las víctimas de delito y de fallecidos, fortaleciendo la protección de la dignidad y los derechos de las víctimas; asimismo, reformar disposiciones jurídicas en materia del ejercicio indebido del servicio público”,
Manifestó que para el PAS es importante establecer en el Código Penal Local medidas que garanticen una mejor seguridad para la población, y de la misma forma endurecer las sanciones y crear responsabilidades para aquellos servidores públicos corruptos, y sobre todo que las sanciones sean aplicadas sin exclusión alguna.
El diputado del PRI, Luis Javier de la Rocha Zazueta, se manifestó totalmente a favor de las reformas y adiciones ya que por fin se hace algo para evitar la corrupción y abrir las puertas a la transparencia en beneficio de las y los sinaloenses.