Culiacán, Sin.- Después de una fuerte discusión entre los diputados de Morena, PRI y del PAS, por mayoría, el Congreso dio por aprobadas las cuentas públicas de los municipios de Culiacán y Mazatlán, los cuales, en un principio, habían sido dictaminados en sentido reprobatorio por la Comisión de Fiscalización.
La primera en emitir su posicionamiento en la tribuna, fue la diputada del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez, e hizo un fuerte señalamiento a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, a quienes acusó de haber recibido una orden del gobernador para volver a dictaminar las cuentas públicas de ambos municipios, por cuestiones políticas.
Por su parte, el diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, quien es integrante de la Comisión de Fiscalización, aseguró que los casos de Mazatlán y Culiacán son temas específicos, ya que, en ambos municipios, los alcaldes que estaban en el ejercicio fiscal auditado, fueron destituido del cargo, precisamente por observaciones de mal uso de los recursos, por lo que no consideraron justo rechazarles las cuentas públicas a los actuales presidentes.
“El tema de Culiacán y Mazatlán, es un tema muy específico, porque son administraciones que llegaron pagando adeudos que dejaron anteriores administradores, por lo cual, solicitamos a la Junta de Coordinación Política, volviera a la Comisión el dictamen, para volverlo a valorar, porque nos dimos cuenta que no era justo venir a justificar a dos alcaldes que no le hemos dado la oportunidad de que administren un ejercicio completo, para poder determinar si están haciendo las cosas bien”, precisó.
Además, el diputado del PRI, Luis de la Rocha, también hizo uso de la voz para hacer señalamientos sobre el asunto del doble dictamen que se hizo en el caso de las cuentas públicas de Culiacán y Mazatlán, y pidió, que, al menos al alcalde del puerto, donde se detectó un incremento desmedido en nómina, que asciende a más de 330 millones de pesos, se le someta a un juicio político.
Cabe mencionar que, en esta misma sesión, los municipios a los que se les rechazaron sus cuentas públicas de manera definitiva, fueron el de Sinaloa, Choix y San Ignacio; además de las de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Salvador Alvarado, Mocorito y Guasave.