En materia de corrupción, con la llegada de una nueva fuerza política en el gobierno de Sinaloa se está avanzando en su combate, como lo prueba el éxito del gobernador Rubén Rocha Moya de no pagar deudas de la administración de Mario López Valdez (Malova), deuda que se repite en el IPES, y ante lo cual se plantean políticas pública de ahorro, expresó el diputado Feliciano Castro Meléndrez.
En entrevista ofrecida, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y coordinador del grupo parlamentario de Morena, se refirió en concreto a una demanda entablada por un despacho de abogados que pretendía un pago de 360 millones de pesos por un adeudo que viene desde la administración que encabezó Malova.
Hay que imaginar, dijo, cuántas plantas de agua potable no se pueden lograr, cuántos aires acondicionados para escuelas primarias pueden comprarse con esa cantidad.
“Sólo en una lógica de perversión se agravia a los sinaloenses en esta magnitud”, consideró.
Agregó que por muchos años para los trabajadores al servicio del Estado y de los ayuntamientos nunca se promovió una política adecuada de ahorro y generación de fondos para viviendas, para pensiones, etcétera.
Por el contrario, puntualizó, ha habido un asalto al patrimonio del gobierno y de los propios trabajadores.
Precisó que también de la administración de Malova se hereda un saqueo, un verdadero robo y asalto al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), que rebasa los mil 500 millones de pesos.
“Son situaciones que sin duda hay que combatir”, afirmó.
El diputado Feliciano Castro, en tanto coordinador del grupo parlamentario de Morena, aclaró que en esta fuerza política se asume la congruencia de una manera tal que si hay compañeros del propio partido que agravian al pueblo, que agravien la ley, se procede en contra de ellos.
Como ejemplo de ello, aseguró que por primera vez en la historia de Sinaloa se procede en contra de un ahora exalcalde, Jesús Estrada Ferreiro, y del Luis Guillermo Benítez (El Químico”, expresidente municipal de Mazatlán, justamente porque se valora que tuercen el camino, que agravian al pueblo.
“Nuestro compromiso es con la gente, no es con ningún funcionario. Aquel funcionario que tuerza el camino lo vamos a enfrentar con la Constitución en la mano, y por supuesto aun si esto lleva a procesos de juicio político, juicio de procedencia o procesos penales, pero siempre respetando invariablemente el debido proceso, que supone la presunción de inocencia el derecho de audiencia una defensa técnica jurídica apropiada, etcétera. Esa es nuestra ruta”.
Quien cometa un acto de corrupción, sentenció, debe ser sometido al juicio que la ley y el derecho contemplan. Esa es nuestra convicción y eso es lo que venimos asumiendo.