La mala defensa que el gobierno municipal ha tenido a lo largo de varias administraciones lo tiene al día de hoy, sumido en deudas millonarias que aún no define cómo serán pagadas, y no debe de perderse de vista quienes han sido los responsables de dichas acciones.
El alcalde de Mazatlán, Édgar González, informó hace 22 días que había 2 mil 466 demandas en contra de la Comuna, que sumaban más de 500 millones de pesos, y aunque ofreció ampliar información al respecto, incluso revelar una línea del tiempo en la que se especifique en qué año se dejaron de atender los casos, a la fecha no lo ha hecho.
Entrevistado respecto a este cúmulo de demandas millonarias y las causas más recurrentes que llevan a la administración pública a perder los casos, el abogado José Luis Posada Barboza, atribuyó a las malas decisiones de los expresidentes municipales, sin pasar por alto a los secretarios del Ayuntamiento en turno, directores de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y el Síndico Procurador.
“Falta un total orden jurídico, no político, en el que la figura del secretario del Ayuntamiento es toral para la toma de decisiones jurídicas, no políticas, porque esas le corresponden al presidente municipal”, mencionó.
El secretario y el director jurídico están obligados a decirle al servidor público y al presidente cómo proceder correctamente respetando la ley.
—Entonces, ¿la responsabilidad de todo este desorden, salvo lo que digan las investigaciones, estaría recayendo sobre el alcalde, secretario y director de Gobierno y Asuntos Jurídicos?
—Así es. Y a los integrantes del Comité de Adquisiciones les llega de “rebote”.
Por ejemplo, dijo, Nafta, a final de cuentas se perdió (…) “ahí se presentaron circunstancias propias de la dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, porque a la autoridad municipal, el Tribunal de Justicia Administrativa, le hizo una notificación, llamándolo al pleito que inició esa persona moral; le dijo ‘tienes tantos días para contestar la demanda’, pero resulta que la demanda llegó extemporáneamente, (…) se turnó al Jurídico municipal para que preparara la contestación de la demanda”.
Algo pasó, agregó, que la contestación se presentó fuera del término que marca la justicia administrativa, tan es así, que en acuerdo que dictó el titular de esa sede le dijo que llegó tarde con la contestación, “entonces, ¿a quién es atribuible esa dilatación? definitivamente tiene que haber un responsable, primero, tendría que buscarse en la dirección Jurídica”.
Se debe cuestionar al director de dicha área por la tardanza en enviar la respuesta, dijo, porque ahí está la omisión.
El detalle está en que no conocen el procedimiento, agregó, los que están en Jurídico, sí, porque tienen mucho tiempo y saben, “la duda será, si el director que llega conoce todo ese procedimiento o llegó por conveniencia política nada más, que me da la impresión que los últimos que han ocupado esa silla han sido precisamente por conveniencia política del presidente que está en turno”.
—Édgar González no es abogado…
—Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Édgar, y le hablo de Égdar porque nos conocimos en 2002 (…) pero no es abogado, entonces él busca a quien poner ahí, por la conveniencia política quitó a uno y puso a la licenciada Verenice Oleta (…) pero ahí es donde se trunca toda actividad.
¿El seguimiento?
—Definitivamente
—¿Esos cambios recurrentes impiden que se le dé un seguimiento puntal a cada caso?
—Un seguimiento a cada uno de los casos (…) conjuntamente el director del jurídico con el secretario del Ayuntamiento, y estos lo que deben de hacer es un proyecto que va a la mesa del presidente municipal
Posada Barbosa mencionó que muchas veces las decisiones que los alcaldes toman por conveniencia política, económica o para no perder recursos asignados, no son las que más convienen al Ayuntamiento.
“Conscientemente sabes que el dueño de esa superficie (donde se construyen vialidades, por ejemplo) tiene el derecho de recibir una indemnización, a través de un procedimiento de expropiación, pero eso lo tienes que hacer antes de que se dé la orden mal fundada, mal motivada, y te lo van a ganar el pleito porque el dueño de esa superficie va a ir con una autoridad y va a señalar que no siguieron el procedimiento que establece la ley de expropiación, entonces vengo a reclamarle que me indemnice, más los daños y perjuicios habidos y por haber”, dijo.
Quien toma esas decisiones es el alcalde en turno, agregó, y cuando llega la demanda al jurídico saben que es otra demanda que van a perder.
Las adquisiciones, malas prácticas
Otras malas prácticas que ha mostrado la administración, y que hoy tienen en el banquillo al exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, es la compra fraccionada para evadir la licitación.
En este procedimiento también forma parte de las tareas del secretario del Ayuntamiento y debe decirle al Oficial Mayor cómo hacerlo correctamente, mencionó el abogado, incluso debe estar el Jurídico.
“Quién es el que ordena todo eso (las compras) es el presidente municipal en turno (…)
El perfil del secretario del Ayuntamiento
Aunque el reglamento ni la ley exija que el secretario del Ayuntamiento tenga un perfil de licenciatura en derecho, es algo fundamental para Posada Barboza.
“Porque es el rector jurídico de toda la autoridad de gobierno municipal (pero) puede ser un ingeniero, un doctor, puede ser un sociólogo porque es la conveniencia política, pero si ajustáramos el perfil de ese secretario del Ayuntamiento, definitivamente, en mi opinión, debe ser un licenciado en derecho con por lo menos cinco años en el ejercicio de la profesión” expuso.