Parecería que democracia y autoritarismo son excluyentes, pero no es así. Son dos caras de la misma moneda. La mayoría de los regímenes autoritarios devienen de democracias fallidas. La democracia no es una panacea, como muchos tratan de entenderla, es solo una manera de convivencia de las diferencias en forma civilizada. Impera la tolerancia, se vislumbra lo diverso como otra opción para encontrar soluciones, se preservan libertades y se busca construir consensos. Es una forma de vida distinta a las anteriores sociedades monárquicas o totalitarias.
La democracia es el origen del Estado de derecho, la división de poderes, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la seguridad y la certeza de una convivencia armónica de lo divergente; es la fiscalización y la transparencia, es el reconocimiento de los derechos de las minorías, es la igualdad en contra de discapacidad o género, edad, preferencia sexual; en fin, se fundamenta en la dignidad humana de toda persona.
El autoritarismo, por el contrario, rechaza la pluralidad, destruye lo diverso, busca la unanimidad por encima de la razón, atenta contra libertades de expresión, de tolerancia, de reunión, de organización, impone su propia visión del mundo, centraliza decisiones y desdeña el consenso, el diálogo o el debate. Suprime la opinión pública, acosa a los medios de comunicación y, en muchos casos, además de la falta de trasparencia y rendición de cuentas, se liga con organizaciones delincuenciales.
Pero el autoritarismo, como ha sucedido en América Latina, surge de regímenes democráticos que han fracasado por corrupción, burocratismo, agotamiento del sistema de partidos, descrédito de la autoridad pública, falta de transparencia, incremento de la delincuencia. Es la cultura política, entendida como conocimiento y actitudes, que una sociedad determinada manifiesta en el sistema político en que se encuentra, lo que marca el avance democrático, o bien lo neutraliza. Tiene que ver con los sentimientos acerca del sistema político. Si bien las sociedades modernas tienen un marco constitucional semejante, adoptan los derechos humanos, la fiscalización, la transparencia y las libertades, la calidad de la democracia no es la misma en los diversos estados, pese a fundamentarse en principios semejantes.