Las palabras pesan, el ambiente de polarización creado con este tipo de acciones también, y esto tiene su costos.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Foto EE: Cortesía Twitter @PRI_Nacional

Los audios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundidos en estos días, son incalificables, algunos como los que refiere que hay que matar de hambre a los periodistas son inaceptables (y muchos de sus rivales en el oficialismo se han referido igual o peor, sobre medios y periodistas). Siempre una filtración de estas características será objeto de interés y difusión en los medios. No será ni la primera ni la última, aunque todos sepamos que esas grabaciones se obtuvieron ilegalmente.

Pero lo que nunca habíamos visto es que la difusión de esos materiales obtenidos ilegalmente lo hiciera una gobernadora, en este caso Layda Sansores, sucesora de Alito en Campeche.

No se cuidan ni las formas. Siempre ha habido filtraciones y se divulgan por redes, a veces por medios o comunicadores, porque se trata de ocultar su origen, sobre todo si provienen de un ejercicio ilegal. Pero en este caso es la propia gobernadora la que lo divulga y hasta anuncia con antelación las grabaciones.

Es tan ilegal como que el propio Alito difunda una grabación con Manuel Velasco en la que éste le dice que irán con todo en su contra si votan en contra de la reforma energética.

En síntesis, todos se graban a todos, y todas las grabaciones son ilegales y a nadie le importa, salvo cuando le afecta. Por cierto, es verdad que el detonante de todo esto fue que el PRI votó en contra de esa reforma y por ende quedó en el capítulo morenista de traidores a la patria. Están todos locos. Dice Borges, y tiene toda la razón, que “hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos”.