Durante la próxima votación sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de generar un espacio de justicia para millones de mexicanos –en especial para aquellos que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos o de sus seres queridos a manos de agentes del Estado o con aquiescencia de éstos–; o, por el contrario, beneficiar a los cinco presuntos criminales (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) que saquearon al país y ordenaron o permitieron atrocidades como Acteal, El Charco, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, San Fernando…
Por ello esperemos que el sentido del voto de 10 ministros –el onceavo, Luis María Aguilar, ya reveló su inclinación por defender a los probables delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad– se base no sólo en la interpretación de la Constitución –siempre manipulable desde el punto de vista de los intereses que realmente representan esos ministros y no necesariamente objetiva y apegada a derecho–, sino, sobre todo, de la imperiosa necesidad de la sociedad de acceder a la justicia.
En el caso de Luis María Aguilar, pues queda claro qué intereses representa desde su máximo encargo judicial luego de que presentara un proyecto contrario al sentir de las mayorías, argumentando que “defiende” los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero su proyecto es, a todas luces, una interpretación a modo para salvaguardar, primero, a quien lo convirtió en uno de los ministros mejor pagados del mundo (Calderón Hinojosa) y, después, a la camarilla a la que pertenece (encabezada por Salinas de Gortari y que incluye a Peña Nieto).
No es fácil que la Corte deje atrás su vergonzoso pasado, que incluye decenas de resoluciones contrarias al interés general, pero es un momento crucial en la historia del país y los ministros están obligados a reconocerlo y actuar en consecuencia.
Al analizar la constitucionalidad de la consulta, los ministros deberán tener en cuenta los profundos e irreparables daños que ha sufrido la nación a manos de esos cinco expresidentes, en especial en los temas de violaciones graves a los derechos humanos y el saqueo rapaz del presupuesto público.