Los diputados conocieron la iniciativa de la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), en la que propone derogar el capítulo III denominado De Rapto, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con lo cual se estaría homologando a lo estipulado por el marco jurídico nacional y que esta conducta sea sancionada como secuestro.
Lo anterior, al citar que en algunos estados se extinguía la responsabilidad de dicho delito cuando el sujeto activo contraía matrimonio con la persona raptada, lo que contraviene los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano.
Posteriormente, se le dio lectura a la propuesta de la diputada Maribel Chollet Morán y Moisés Aarón Rivas Loaiza ambos del PRI, para una Ley de Espectáculos y Festejos Públicos para la entidad, para regular y determinar las reglas y mecanismos claros que fomenten la celebración de los espectáculos, festejos y diversiones públicas, y todos aquellos actos que se organizan para que el público, participando activa o pasivamente, mediante pago o gratuitamente concurra a divertirse y/o a educarse, y a todas las actividades deportivas, culturales y de esparcimiento; ya sea que se realicen en espacios abiertos o cerrados, y permitan garantizar que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad u orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes, este proyecto de ley consta de un total de 89 Artículos Naturales y 3 Artículos Transitorios.
Otra de la iniciativas que tuvieron curso, fue la presentada por el diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL), en la que propone adicionar un segundo párrafo con tres fracciones, así como un tercero y cuarto párrafos al artículo 215 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, ello con el objetivo de especificar las consideraciones para que una propuesta pueda ser tomada como de urgente y obvia resolución. En primera instancia, el tema deberá de ser conocido por la Junta de Coordinación Política para que este órgano de gobierno interno determine si cuenta o no con dicho carácter, para posteriormente ponerlo a consideración del Pleno, con lo que los simples posicionamientos para una cuestión política frente a la sociedad no serían considerados de obvia y urgente resolución si no van acompañados de un proyecto de ley o decreto en el que se cumplan todas las cualidades o requisitos previos.
Los diputados conocieron la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del PRI y algunos médicos, que proponen adicionar un capítulo VII “De la Violencia Contra la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio” a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que se propone legitimar un tipo de violencia que ha sido expuesto y motivo de discusión por diferentes sectores, como es la violencia que vulnera los derechos de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y que se comete por parte de hombres, mujeres e instituciones de salud pública y privada, que tienen una injerencia social, familiar o profesional con las mujeres en dichas etapas.
Por otra parte, se dio lectura a la iniciativa del diputado Roberto Cruz Castro (PAN), que propone reformar el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para sancionar de igual manera a las personas que sean beneficiadas con el cobro de un salario proveniente de alguna oficina de gobierno, sin asistir a trabajar, con lo que se busca “eliminar una de las prácticas más vergonzosas realizada en el desempeño irregular de la función pública, que permite a través de influencias, padrinazgos, amistad, compadrazgo, afinidad partidista o compromisos de cualquier tipo con políticos a funcionarios públicos, la percepción de salario por parte de alguna oficina de gobierno a personas que no asisten a trabajar, conocidos popularmente como aviadores”.
Debe estar conectado para enviar un comentario.