Culiacán, Sinaloa, Septiembre 26 de 2017
El actuar de los partidos políticos, de los candidatos, precandidatos y servidores públicos debe ser siempre cuidadoso y respetuoso de la ley para evitar la judicialización del proceso electoral 2018, ya puesto en marcha, advierte el consultor Jacinto Pérez Gerardo.
Durante los trabajos de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, el reconocido abogado subraya que las reformas constitucionales aprobadas en el 2014, dieron paso a una ley que en estos momentos se considera prohibitiva para todos quienes intervienen electoralmente el año que entrante.
Coloquialmente les expresa que se mantienen muy acotados, no les dan libertad de nada, “tienen miedo hasta de salir de su casa”.
Conocedor de la ley, plantea a los diputados un catálogo de prohibiciones generales y particulares para los partidos políticos, precandidatos, candidatos y servidores públicos, quienes pueden recibir sanciones severas en el incumplimiento de la ley en cada parte del proceso electoral.
Desde luego hace mención que en la medida que la sociedad vea que partidos políticos actúan dentro de la ley, en esa misma medida podrían recuperar parte de la confianza que hoy todos los políticos sufren, “una auténtica crisis de credibilidad”.
Advierte de la misma manera que los partidos políticos no están ajenos a tener que actuar drásticamente con sus propios militantes convertidos en precandidatos o candidatos, pues deben vigilar, obligadamente, que se cumplan igualmente las disposiciones reglamentarias internas. Quienes no cumplan, podrían incluso hacerse merecedores a que su partido no los registre ante las autoridades electorales.
En este momento la ley establece que las irresponsabilidades de candidatos podrían ser también para los partidos políticos de ahí que estén obligados también a vigilar la actuación de quienes serán sus abanderados en el proceso electoral.
Textualmente lo señala así: Culpa in vigilando.
“Responsabilidad que surge para un partido político, que en su calidad de garante, incumple con su deber de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de actividades –militantes, simpatizantes, afiliado e, incluso, terceros—quienes realizan una conducta sancionable por la ley electoral.
En el encuentro, los legisladores plantearon inquietudes diversas que propiamente pueden presentarse en su accionar durante el proceso electoral, para las cuales hubo respuestas sustentadas en lo que establece la ley.
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