El Pleno del Congreso del Estado dio primera lectura a un total de nueve iniciativas y un dictamen durante la sesión ordinaria de este jueves 29 de junio.
En primer lugar, se leyó la iniciativa presentada por la diputada Sylvia Treviño Salinas (PAN), en la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y modificar la denominación estructura y funciones del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y que con la modificación se llame Instituto de investigaciones y Capacitación Parlamentaria, el cual tendrá el objeto de realizar entre otras, la función rectora de la capacitación, profesionalización y actualización permanente del personal adscrito a las áreas fundamentales de apoyo parlamentario, así como de orientación a los diputados y grupos parlamentarios en temas jurídicos relacionados con su responsabilidad constitucional, el proceso legislativo, el conocimiento de la Ley Orgánica y el funcionamiento del Congreso.
Posteriormente, se conoció la iniciativa presentada por el diputado Andrés Félix Zavala (PRI), para que se modifique la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y se dé la creación de la Comisión de Congreso Abierto, Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la inserción del Título Octavo Del Congreso Abierto, Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Enseguida, los diputados dieron primera lectura a la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, en la que se propone reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, en la que se propone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pueda diferir la instalación de los consejos distritales y municipales cuando las condiciones de organización y racionalidad presupuestal así lo permitan, además de que el IEES quede facultado para aprobar ajustes a los plazos que para llevar a cabo las labores de preparación y desarrollo del proceso sean requeridas, buscando que puedan programar sus actividades con la flexibilidad necesaria sin que la seguridad y legalidad del proceso se vea afectada.
Así mismo, se propone la reducción del financiamiento público a los partidos políticos cuando no existan procesos electorales, sin poner en riesgo la adecuada operación de los institutos políticos.
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