Se busca la gratuidad de los trámites de corrección de datos contenidos en actas del Registro Civil en el Estado de Sinaloa, y que se establezca la obligatoriedad de la llamada declaración tres de tres.
El Pleno de la LXII Legislatura conoció la iniciativa del diputado Carlos Castaños Valenzuela (PAN), en la que propone reformar la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, con el objetivo de adecuarla con el mandato federal y de esta forma garantizar la gratuidad de los trámites de corrección de datos contenidos en actas del Registro Civil en el Estado de Sinaloa.
Por otra parte, se le dio primera lectura a la iniciativa del diputado Jesús Ibarra Ramos (PANAL), con la cual busca que se pueda tener una herramienta que evite el enriquecimiento ilegítimo, el abuso de poder y la corrupción de los servidores públicos, mediante la obligación de reportar, justificar y hacerse responsable en este caso, del cargo para el que fue electo, mediante la presentación al momento del registro de su candidatura (Gobernador, Presidente Municipal, Diputado y Regidor), de su declaración de su situación patrimonial, de intereses y de fiscal en los términos establecidos por las leyes, y así, al término del periodo para el que fue electo, el ciudadano tenga los elementos para poder contrastar los bienes con los que contaba al finalizar su periodo y con ello analizar la viabilidad para reelegirlos.
Más adelante, se le dio trámite al dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, sobre iniciativas en las que se propone la derogación del artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el propósito de que se garantice el respeto y la protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
Con lo que se permitirá al Estado cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, y sancionar con la debida diligencia los delitos de homicidio y lesiones, ya sea que se cometa en la esfera pública o privada. De aprobarse el documento, el Congreso del Estado estaría cumpliendo con una de las recomendaciones realizadas con motivo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán.
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