El domingo 4 de junio se realizará la jornada electoral donde millones de mexiquenses elegirán al nuevo gobernador o gobernadora de su estado. A lo largo de las campañas varias cosas han quedado claras, la mayoría de ellas negativas. Lo primero que hemos presenciado es el bajo nivel político de los contrincantes. Sean las candidatas Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez Álvarez o María Teresa Castell; o los candidatos Alfredo del Mazo, Óscar González Yáñez o Juan Zepeda; ninguno de ellos da muestras evidentes de saber qué hacer para solucionar el cúmulo de problemas que arrastra el histórico bastión electoral priista, el Estado de México. Lo vimos en el debate, los escuchamos en los mítines, lo observamos en las cotidianas confrontaciones llevadas a cabo en los terrenos de los medios de comunicación. Lo constatamos en la debilidad de las propuestas y de quienes eventualmente conformarían los equipos de gobierno. Lo que domina estos “ejercicios democráticos” llamados elecciones es la descalificación y la ofensa sobre los proyectos de gobierno.
Otra joya electoral han sido las innumerables muestras de mapachería previas a la jornada dominical. El uso indebido de recursos públicos y privados para convencer a los votantes de las bondades, casi siempre ausentes, de los candidatos, no deja de aparecer y de ser denunciado por todos los actores, aunque todos y todas cometen el delito. Por supuesto, todos y cada uno de los aspirantes a gobernar y sus equipos de campaña niegan sistemáticamente esas acusaciones. Por su parte, el órgano electoral deja pasar cualquier acción indebida en una suerte de actuación “pareja” para los contrincantes. Pareciera existir una especie de resignación electoral que indica que no importa qué se haga para llevar a cabo un proceso limpio, esto no se conseguirá. Por lo tanto, la permisividad de violar la ley se aplica parejo. Todos la violan, aunque todos se quejen.